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No podemos borrar de nuestras mentes la imagen de los cuerpos sin vida de Óscar y Valeria Martínez en la orilla del Río Grande, boca abajo, abrazados. Su imagen puso notoria a la difícil situación de los solicitantes de asilo que están huyendo de una ecología de abuso e impunidad criminal en Centroamérica. Su muerte hizo un recordatorio a los estadounidenses del costo humano de tener una administración que ha criminalizado a los solicitantes de asilo y a un Congreso partidista que no ha estado dispuesto a encontrar una solución legislativa para esta crisis humanitaria.
El estado de protección temporal o TPS es exactamente el tipo de solución legislativa que pudo haber salvado las vidas de Óscar y Valeria. En 1990, el Congreso de los Estados Unidos creó TPS para inmigrantes que no podían regresar a sus países debido a desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias extremas.
George H. W. Bush firmó la Ley de Inmigración de 1990, la cual incluía TPS, en la ley con apoyo bipartidista. Casi tres décadas después, TPS ha demostrado ser un programa notablemente exitoso. Actualmente, alrededor de 320,000 personas tienen TPS; en promedio, han estado viviendo en los Estados Unidos por 19 años. Los receptores de TPS tienen una tasa de empleo muy alta, los cuales agregan habilidades invaluables a los críticos de las industrias en los Estados Unidos, y muchas de estas industrias incluso emplean ciudadanos estadounidenses. Además de contribuir a la economía los EE. UU., pagando impuestos, los beneficiarios de TPS están criando a 275,000 niños nacidos en los Estados Unidos, muchos de los cuales son de la edad de Valeria.
Por desgracia, el 8 de enero de 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció la interrupción de TPS. Desde entonces, ha habido demandas en curso contra la administración Trump y la movilización cívica a nivel local y nacional. En febrero de 2019, acompañé a una delegación salvadoreña de San Francisco a D.C., donde los miembros de mi comunidad compartieron sinceros testimonios con el Congreso sobre cuánto significan los Estados Unidos para ellos. Después de meses de incansable defensa, ahora tenemos tres proyectos de ley en el Congreso que, de aprobarse, ofrecerían protección para los beneficiarios de TPS y DACA. El destino de más de un cuarto de millón de niños estadounidenses y sus padres está en juego cuando el estado de los países designados por TPS expira este año.
Si no se aprueba la legislación, mis amigos y miembros de la comunidad serán arrancados de sus hijos estadounidenses y enviados de regreso a un país tan inestable y violento que personas como Óscar se arriesgan a cruzar el Río Bravo. A lo largo de su campaña, Trump prometió a los votantes enfocarse principalmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y mostrar “mucho corazón” a todos los demás. Separar a 275,000 niños nacidos en Estados Unidos de sus familias es despiadado y, en última instancia, autodestructivo.
No sería difícil imaginar el resultado: los receptores de TPS tendrían que dejar atrás a sus adolescentes para cuidarse ellos mismos y llevarse a sus hijos más pequeños a países como El Salvador y Honduras, donde, en virtud de ser de los EE. UU., serán objeto de extorsión y sus vidas estarán en grave peligro. Leeremos informes de niños ciudadanos estadounidenses secuestrados o forzados a participar en redes de pandillas en Centroamérica. Separar a miles de niños nacidos en Estados Unidos, justo ante nuestros ojos, sería el racismo más despiadado de la administración.
Como defensor de los derechos de inmigración en el East Bay Sanctuary Covenant (Pacto del Santuario al Este de la Bahía) en Berkeley, conocí y entrevisté a docenas de solicitantes de asilo como Óscar. Sé el tipo de violencia que los impulsa a nadar a través del Río Grande: menores no acompañados que se negaron a unirse a pandillas incluso después de que les cortaran la oreja, mujeres jóvenes que se negaron a terminar en otra fosa común después de ser violadas en grupo en una campo de café, hombres y mujeres homosexuales que se negaron a esperar su turno después de que el cuerpo de su pareja fuera encontrado dentro de bolsas de basura. Me cuesta respirar cuando creo que los receptores de TPS podrían ser deportados a Centroamérica este otoño.
El 9 de septiembre, EBSC y sus socios participaron en una sesión informativa del Senado patrocinada por Kamala Harris y Dianne Feinstein. Como país, tenemos la oportunidad de proteger a los miembros de nuestra comunidad que han vivido y trabajado legalmente en nuestro medio durante dos décadas. Necesitamos que muchas personas se comuniquen con los senadores de todo el país para instarlos a aprobar la legislación para proteger a los titulares de TPS y sus 275,000 niños nacidos en los Estados Unidos con un paso hacia la residencia permanente.
Por Aria Fani y traducido por David Guerrero Cruz
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